El oficialismo del Congreso de la Nación, a propuesta del Poder Ejecutivo, sancionó la Ley 26.222 modificatoria de la Ley 24.241 creando el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Entre otras disposiciones, la ley permitió la “libre opción jubilatoria” por la cual los afiliados del Régimen de Capitalización pueden traspasarse al de Reparto. Se modificó el régimen previsional vigente desde 1994, introduciendo aspectos que afectan la sustentabilidad del sistema de los actuales aportantes y futuros jubilados. Bajo la falacia simplista de: “ahora pueden elegir”, se estaban condenando los ahorros de millones de argentinos con el fin último de garantizar recursos que sustenten la politica de gasto expansiva del gobierno nacional.
En un sistema republicano con instituciones serias es imperante evitar que los ingresos previsionales queden a discrecionalidad del poder de turno para fines políticos espúreos. Pues entonces, ¿Cuales son los principales lineamientos vigentes de la política oficial jubilatoria de la “libre opción”?
1) Se generó una presunción a favor del Régimen Público para absorber a los indecisos directamente al ANSeS,
2) Se estableció un perverso sistema de “moratoria provisional”. Bajo este esquema se incrementaron en 1,2 millones las nuevas jubilaciones. Ciudadanos que no han aportado los recursos necesarios a las arcas del Estado para acceder al beneficio jubilatorio, están siendo “financiados y deberán ser financiados” por millones de trabajadores en el futuro cercano.
3) La supuesta “libre opción” traslado de manera compulsiva la totalidad de los recursos de aquellos afiliados mayores de 50 o 55 años, con menos de $20.000 en sus cuentas al ANSeS. Como sino alcanzara, se sumaron también aproximadamente $ 3.000 millones provenientes de los casi 170000 afiliados de regímenes especiales tales como el Cuerpo Diplómatico, Docente, Investigadores y Jueces.
Debemos ser realistas. Si bien esta situación genera mayores ingresos en el corto plazo, se producirán mayores erogaciones en el largo plazo manifiestamente imposibles de afrontar.
Actualmente, en los países desarrollados se están buscando respuestas acerca de cómo afrontar el endeudamiento creciente originado por la existencia de una clase pasiva cada vez mayor en relación con los aportantes. Es necesario generar normas que beneficien al país y a sus ciudadanos considerando seriamente no sólo los efectos que dichas medidas producirán en el corto sino también en el largo plazo. Si en el futuro ingresáramos en una compleja crisis social y económica como la del 2001, ¿el estado podrá solventar las jubilaciones? ¿Las AFJP podrán sostener su rentabilidad en nuestro país?
Mientras tanto el gasto público continúa creciendo en base a recursos tributarios no genuinos. El objetivo del gobierno es claro: hacer caja.
El superávit fiscal de junio último fue de $2.302 millones, merced a que se incluyeron ingresos extraordinarios de $1.300 millones provenientes del sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. La ejecución del presupuesto de la Administración Nacional durante 2006 registró un Resultado Financiero superavitario de $ 6.419,8 millones, mientras que, el superávit primario ascendió a $ 18.529,4 millones. Haciendo un simple ejercicio, si sacamos la recaudación por retenciones a las exportaciones ($14700 millones), el superávit financiero desaparece como tal y el primario se reduce a $3.820 millones. Si además le sacamos el impuesto a las transacciones financieras ($11685 millones): Déficit fiscal primario y financiero.
En un sistema republicano con instituciones serias es imperante evitar que los ingresos previsionales queden a discrecionalidad del poder de turno para fines políticos espúreos. Pues entonces, ¿Cuales son los principales lineamientos vigentes de la política oficial jubilatoria de la “libre opción”?
1) Se generó una presunción a favor del Régimen Público para absorber a los indecisos directamente al ANSeS,
2) Se estableció un perverso sistema de “moratoria provisional”. Bajo este esquema se incrementaron en 1,2 millones las nuevas jubilaciones. Ciudadanos que no han aportado los recursos necesarios a las arcas del Estado para acceder al beneficio jubilatorio, están siendo “financiados y deberán ser financiados” por millones de trabajadores en el futuro cercano.
3) La supuesta “libre opción” traslado de manera compulsiva la totalidad de los recursos de aquellos afiliados mayores de 50 o 55 años, con menos de $20.000 en sus cuentas al ANSeS. Como sino alcanzara, se sumaron también aproximadamente $ 3.000 millones provenientes de los casi 170000 afiliados de regímenes especiales tales como el Cuerpo Diplómatico, Docente, Investigadores y Jueces.
Debemos ser realistas. Si bien esta situación genera mayores ingresos en el corto plazo, se producirán mayores erogaciones en el largo plazo manifiestamente imposibles de afrontar.
Actualmente, en los países desarrollados se están buscando respuestas acerca de cómo afrontar el endeudamiento creciente originado por la existencia de una clase pasiva cada vez mayor en relación con los aportantes. Es necesario generar normas que beneficien al país y a sus ciudadanos considerando seriamente no sólo los efectos que dichas medidas producirán en el corto sino también en el largo plazo. Si en el futuro ingresáramos en una compleja crisis social y económica como la del 2001, ¿el estado podrá solventar las jubilaciones? ¿Las AFJP podrán sostener su rentabilidad en nuestro país?
Mientras tanto el gasto público continúa creciendo en base a recursos tributarios no genuinos. El objetivo del gobierno es claro: hacer caja.
El superávit fiscal de junio último fue de $2.302 millones, merced a que se incluyeron ingresos extraordinarios de $1.300 millones provenientes del sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. La ejecución del presupuesto de la Administración Nacional durante 2006 registró un Resultado Financiero superavitario de $ 6.419,8 millones, mientras que, el superávit primario ascendió a $ 18.529,4 millones. Haciendo un simple ejercicio, si sacamos la recaudación por retenciones a las exportaciones ($14700 millones), el superávit financiero desaparece como tal y el primario se reduce a $3.820 millones. Si además le sacamos el impuesto a las transacciones financieras ($11685 millones): Déficit fiscal primario y financiero.
En síntesis tenemos superávit basado en impuestos que fueron creados de manera “excepcional” y que a raíz del nada austero criterio de gasto poco transparente del gobierno, se han transformado en “permanentes”. Se ve que no alcanza con sacarle plata al sector rural, ni al sector financiero sino que también ahora van por los ahorros de los actuales trabajadores y de la futura clase pasiva nacional.
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